Ante la situación de los centros penales del país y los últimos sucesos de violencia,
I. Que las declaraciones contradictorias de los funcionarios públicos en relación a estos hechos significan nada más que una distracción de la realidad espeluznante de un sistema penitenciario que vive una crisis permanente y donde abundan los factores que inevitablemente terminan en la violencia.
II. Que las causas y condiciones que contribuyen a esta crisis permanente han sido sistemáticamente ignoradas por los funcionarios en favor de promover soluciones inadecuadas que no son evaluadas posteriormente. Ejemplo de eso fue el cambio de régimen de visita familiar que ha sido fuertemente cuestionado y que no ha mejorado las condiciones de seguridad como supuestamente fue su objetivo. Otro ejemplo son los varios planes de supuesto "ordenamientos" de los centros efectuados a través de traslados masivos que en más de una ocasión han contribuido a la muerte de personas privadas de libertad.
III. Que la criminalidad en el país adquiere ya dimensiones que se salen del control del aparato estatal, de los entes responsables de la política criminal y de los encargados de la seguridad ciudadana, generando en consecuencia una total impunidad, lo que se está dando un mensaje negativo a la población, con el agravante que el sistema de justicia en su conjunto se encuentra profundamente deteriorado y no funcional.
IV. Que en este contexto, los centros penales del país son entes de naturaleza exclusivamente represiva que niegan su fin constitucional de lograr la readaptación de las personas privadas de libertad contribuyendo a un perverso círculo vicioso de delincuencia e impunidad en las cárceles que profundiza aun más la inseguridad en toda la sociedad salvadoreña.
V. Que la historia ha demostrado que con los actuales funcionarios encargados de la investigación no se llega a fondo de los hechos ocurridos en centros penales y mucho menos deducir responsabilidades, por lo que creemos que estos últimos asesinatos ocurridos en los penales de Chalatenango, Cojutepeque y Ciudad Barrios correrán la misma suerte. Lamentamos la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Órgano Ejecutivo en la investigación y deducción de responsabilidades por los asesinatos ocurridos en los diferentes centros penales ya que no es suficiente mandar unos cuantos internos trasladados para asegurar que no vuelve a repetirse estos hechos.
A las Iglesias y Comunidades de Fe, las Instituciones de Derechos Humanos, y al Movimiento Social hacemos el llamado que nos unamos para defender los derechos de las personas privadas de libertad y que juntos/as busquemos las soluciones estructurales a la violencia y los profundos problemas que enfrentamos como sociedad y como pueblo, sin olvidar a ninguna persona marginada y excluida.
Nos unimos al clamor popular y solidarizamos con los miles de familiares de personas privadas de libertad, que sufren la angustia e inseguridad de saber que sus seres queridos se encuentran dentro un sistema que no rehabilita y que es cruel y deshumanizante y quienes también sufren las indignidades y violaciones del mismo sistema.
Exhortamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dentro de su mandato constitucional, a que realice de manera sistemática verificaciones de la situación en los centros penales de manera de mantener monitoreos y que se mantenga vigilante sobre las condiciones de las personas privadas de libertad.
Hacemos también un llamado enérgico a los privados de libertad involucrados en hechos de violencia para que cesen acciones de auto depuración, que únicamente contribuyen a agravar la crisis y aumentar el estigma social, dejando de lado acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de reclusión carcelaria.
Finalmente, exigimos a los funcionarios del gobierno, servidores públicos, una explicación de los hechos y que rindan las debidas cuentas sobre lo siguiente:
1. Que expliquen al público cuánto se invierte en la alimentación, atención médica y el tratamiento para garantizar una rehabilitación para la población privada de libertad, del presupuesto asignado al Sistema Penitenciario.
2. Que se evalúen la capacidad e idoneidad técnica, profesional y jurídica del personal penitenciario, en particular la de los directores de penales que en su mayoría son de extracción militar; siendo una violación de la ley que rige las calificaciones del personal penitenciario.
3. Que se agilicen los procedimientos para otorgamiento de beneficios penitenciarios en manos de los consejos criminológicos, jueces y juezas de vigilancia penitenciaria a quienes demandamos su total apego al orden jurídico vigente; y que proporcione desde su personal y desde la sociedad civil los programas de atención necesaria para que haya una verdadera rehabilitación para cada una de las personas privadas de libertad. Solo así garantizaremos que se rompe el círculo de la reincidencia.
4. Que se revisen, detengan y reviertan las políticas legislativas de endurecimiento penal que contribuyen a la saturación e inviabilidad del sistema penitenciario y que favorecen la violencia interna.
5. Que todos y cada uno de los funcionarios respeten la Constitución de la República, los Tratados Internacionales pertinentes al sistema penitenciario, y la ley penitenciaria en su totalidad; para que como autoridades pueden ser dignos ejemplos para la población privada de libertad y para la sociedad en general.
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