Comunicado de las ONGs sobre la Carretera de Oportunidades

Ante la propuesta de una política de Justicia y Seguridad en los Centros Penales denominada “Carretera de Oportunidades” planteada por la Dirección General de Centros Penales, siendo organizaciones de la sociedad civil, iglesias e individuos que hemos trabajado por años directamente con la población privada de libertad en las distintas cárceles del país. Al Presidente Mauricio Funes, a la Asamblea Legislativa, a la PDDHH, a las autoridades penitenciarias competentes, a la empresa privada y al pueblo en general queremos exponer desde nuestra experiencia de trabajo las siguientes valoraciones:

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Que la crisis en las cárceles, de la que tanto se está hablando en los medios de comunicación, es una “crisis permanente” que se ha venido agravando con el transcurso de los años, la cual se profundiza a partir de las políticas impulsadas por el ex presidente Francisco Flores y continuadas por la administración de Elías Antonio Saca, con las que se pretendía “exterminar el problema de las pandillas”, ya que para dichas administraciones, eran estás las causantes de todos los actos delictivos cometidos en nuestro país, por lo que se implementan políticas que sólo ofrecieron: más policías con más capturas, para un problema que no solo les corresponde a ellos, cárcel y penas más duras a todo aquel “sospechoso” de cometer algún delito y la estigmatización de la juventud, que en vez de este tipo de políticas lo que necesitan es una serie de oportunidades para desarrollarse como seres humanos.

Estas políticas represivas generaron una profundización en la impunidad ya imperante en el país, puesto que la individualización del delito, la investigación científica y el debido proceso, fueron sustituidos por una especie de “cacería de brujas” que no hizo más que reprimir a todo un sector de la sociedad, generar un profundo sentimiento de venganza en la población, criminalizar la pobreza y agudizar el hacinamiento carcelario hasta crear condiciones totalmente infrahumanas y degradantes para las personas privadas de libertad y para quienes trabajan ahí, ambiente que no solo viola la Constitución de la República y los tratados internacionales de Derechos Humanos, sino que elimina cualquier posibilidad de cumplir con la finalidad de la ejecución de la pena, la cual deberá “proporcionar al condenado condiciones favorables a su desarrollo personal, que le permitan una armónica integración a la vida social al momento de recobrar su libertad” para lo cual el Estado deberá organizar los centros penitenciarios con el objeto de procurar la readaptación del interno/a y sobre todo para prevenir delitos.

Se debe entender que las condiciones infrahumanas, los maltratos físicos y psicológicos a las que son sometidos las y los privados de libertad no repara en lo absoluto los delitos cometidos, tampoco reduce los índices delincuenciales, ni sana las heridas de las víctimas, por el contrario, el resultado es una creciente inseguridad para el país.

La inseguridad es producto por un lado de la falta de oportunidades de rehabilitación y reinserción para las y los privados de libertad, quienes además son sometidos a una degradación constante que deteriora su dignidad humana, salud mental y física, lo que ocasiona que estas personas pierdan cualquier incentivo para hacer cambios sustanciales en su actitud y la sociedad pierde la oportunidad de tener a un ser humano productivo, por otro lado, es un hecho comprobado que dichas condiciones hacen imposible el control y la prevención efectiva de los delitos cometidos desde las prisiones.

No cabe duda que el sistema de seguridad, la infraestructura y la tecnología de las cárceles salvadoreñas son obsoletas, aunado al hacinamiento exorbitante y las condiciones infra humas, han generado los factores propicios para que se comentan arbitrariedades por parte de los custodios y también delitos por parte de los internos, surgen entonces las siguientes preguntas ¿este caos reduce la criminalidad en el país? ¿las políticas de mano dura solucionaron y bajaron los índices delincuenciales? ¿el hacinamiento garantiza que se “aprendió la lección” para no cometer más delitos? La respuesta a estas preguntas es un absoluto, rotundo y comprobado NO.

Es imposible pedir a las personas que han sido víctimas de la violencia que comprendan que la readaptación tiene su base en el respeto a los derechos humanos de los que han cometido delitos, al contrario, las víctimas de la violencia deben ser reconocidas como tal, reparadas y protegidas pues precisamente sus derechos han sido violentados, el Estado debe propiciar la reparación a los daños ocasionados a familias enteras víctimas de la violencia, además este gobierno debe entender la reparación a las víctimas de una forma integral, por un lado se garantiza la verdadera justicia condenando a victimarios en base de la prueba científica y eliminando el sentimiento de impunidad, pero además brindando la atención psicológica adecuada a las víctimas, que permita sanar las profundas heridas ocasionadas por los traumas causados por la violencia, propiciar espacios en que los victimarios puedan también pedir perdón por los daños ocasionados es importante, pues esto es parte de los procesos de conciliación y la construcción de la paz, algo que no se hizo con las víctimas de la guerra civil a las que hasta hoy se les sigue negando el acceso a la verdad y no se les ha pedido perdón por las atrocidades cometidas.

La nefasta practica de algunos sectores de la sociedad de manipular los naturales y justos sentimientos de dolor de las víctimas de crímenes atroces, para abonar al caos y a la venganza es una actitud totalmente condenable e inhumana. El Estado nos protege de la venganza administrando justicia, cumpliendo y aplicando las leyes como es debido, para construir una sociedad en paz.

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Por lo anteriormente expuesto, consideramos:

Que la propuesta de construir una “Carretera de Oportunidades con Justicia y Seguridad” para las y los privados de libertad es una política sensata, urgente e imprescindible, y sobre todo una garantía para empezar a construir una sociedad más segura para todos y todas. La política propuesta se basa en el total respeto a la ley y la dignidad humana, propuesta que en nuestra experiencia, trabajando en varias formas con personas en conflicto con la ley, es la base fundamental para crear condiciones en que ellas pueden hacer los cambios necesarios en sus vidas y en nuestra sociedad.

Que lejos de ser este un camino hacía la inseguridad, creemos que la estricta aplicación de la ley, que garantiza los derechos de todos y todas, es la mejor forma de promover la seguridad ciudadana en nuestro país. Es tarea fundamental y urgente hacer cumplir la Constitución de la República, Tratados Internacionales y leyes secundarias, empezando con las mismas autoridades que deben ser ejemplo de rectitud para la sociedad.

Contar con reglas claras, consecuencias claras, oportunidades claras y la aplicación de ley en forma equitativa, creará los incentivos necesarios para que las y los privados de libertad, que así lo deseen, puedan demostrar que son capaces de cambios positivos, oportunidad que se les ha negado por años. Es hasta ahora que se presenta este elemento dentro de la “Carretera de oportunidades”, la problemática es de todos y todas por tanto la estrategia de sumar a diferentes actores genera mejores soluciones.

Que somos consientes del rol que debemos desempeñar como parte de la sociedad civil en la promoción, difusión y defensa de los derechos humanos, que debemos estar siempre vigilantes de que estos se cumplan pues son inherentes a la persona humana, además dicho respeto consolida y garantiza una verdadera democracia basada en las libertades y deberes consagradas en la Constitución y leyes de la República. De igual manera somos consientes del rol que cada persona tiene en promover una paz social que garantice una convivencia humana justa y armoniosa, por lo que reiteramos nuestro compromiso de continuar apoyando con los programas de reinserción.

Que en su debido momento se criticó la forma amarillista en que los medios de comunicación estaban tratando el tema de la violencia por mostrar imágenes e información tergiversada en unos casos o grotesca en otros, con la intención de crear terror en la población, posteriormente se hace un pacto en el que deciden no mostrar esas imágenes grotescas, cosa que aplaudimos, sin embargo lo que se dio fue un ocultamiento de los hechos. El terror del pueblo solo se puede superar si trabajamos juntos y juntas a solucionar las causas del problema de la violencia en que todos somos participes. La división artificial entre quienes son y quienes no son violentos solo oculta el problema fundamental, obstaculizando así el proceso de solución. Los medios deben ser fuente de información que contribuye a nuestra tarea de ser ciudadanos y ciudadanas más capaces de solucionar estos problemas sociales.

Que las administraciones anteriores, los mismos que hoy critican las nuevas políticas, tuvieron en sus manos la oportunidad de resolver esta problemática carcelaria por 20 años y demostraron en la práctica que sus métodos fueron ineficaces, los delitos que se cometen desde las cárceles no han surgido de las nuevas políticas de seguridad, de hecho son los mismo delitos que se han cometido por años bajo las anteriores administraciones, lo único que ha cambiado es el hecho que ahora no se trata de ocultar la problemática y por el contrario se está enfrentando desde todos los ángulos posibles, buscando responsables entre la población interna, entre los familiares, pero también entre los mismos elementos que trabajan en el sistema carcelario, pues la corrupción es uno de los mayores problemas de seguridad, precisamente es la transparencia la que garantiza procesos más sanos.

En este sentido hacemos un llamado a:

El Presidente Mauricio Funes para que brinde todo su apoyo a un proyecto que ha sido construido por años desde múltiples sectores de la sociedad, recordando que una de las promesas del actual gobierno fue precisamente un cambio en el enfoque de la seguridad y el tema de la violencia, esto ha generado gran expectativa en la población pues tenemos la esperanza que a través de propuestas y programas que incluyen la sociedad civil y especialmente a las personas excluidas del diálogo social podemos empezar a construir una sociedad más justa y humana en que el respeto a la ley, la dignidad humana y la vida sea característica primordial de nuestro pueblo, tomando en cuenta que 20 años de represión no solucionaron la problemática de la delincuencia, el enfoque planteado por las actuales autoridades es uno que recoge la experiencia de muchos sectores y nunca ha sido implementado, es evidente este nuevo enfoque no puede dar resultados en tan poco tiempo.

A los Honorables diputados y diputadas de la Asamblea Legislativa hacemos el llamado para que se haga un esfuerzo por generar discusiones en torno al tema de la violencia con una visión de país, no de intereses particulares, ni de intereses económicos, ni de intereses polito-partidarios, que las leyes creadas sean en respuesta a un análisis crítico de las diferentes realidades tomando en cuenta la capacidad de aplicación que a su vez contribuya a la construcción de una sociedad más justa.

A la PDDH hacemos el llamado para que con mucha más firmeza denuncie a quienes cometen violación a los derechos humanos dentro del sistema carcelario, pues esto garantiza un proceso de evaluación transparente basado en información sistematizada y promueve la profesionalización de quienes trabajan en el sistema, además de que genera confianza en la población pues de esta manera se estará contribuyendo a la seguridad dentro de las cárceles y por consiguiente en el país entero.

A la empresa privada hacemos el llamado para que se unan a esta tarea de solucionar el conflicto de la violencia cosa que no se puede hacer sin la inclusión de actores de toda la sociedad.

A las y los privados de libertad reiteramos nuestra confianza en que los cambios se hacen en base de las oportunidades, que continuaremos trabajando en la medida de nuestras posibilidades en apoyar este proceso que sabemos no dará los resultados esperados en poco tiempo, sabemos que será lento, sin embargo, les hacemos también el llamado para que demuestren a la sociedad que son capaces de realizar cambios positivos a pesar de que muy pocos creen en eso.

A la sociedad en general, no esperamos sus simpatías, pero si esperamos que puedan empezar a confiar que hay formas distintas de solucionar conflictos, que hay que dar el beneficio de la duda a un proceso que nunca antes se había intentado hacer, el método de la represión ya fue comprobado como ineficaz. Si la historia ya ha comprobado que la violencia solo genera más violencia, propongamos nosotros romper ese círculo vicioso.

-fin-

Fundación Ideas y Acciones para la Paz, Quetzalcoatl

Colectivo para los Derechos Humanos “Herbert Anaya Sanabria”, CDH-HAS

FESPAD

CONAMUS Coordinadora Nacional de la Mujer Salvadoreña,

Homies Unidos de El Salvador

AEIPES Asociación de Ex Internos Penitenciarios de El Salvador

Confraternidad Carcelaria

Grupo Juventud O.P.E.R.A.

CoCoSi Comité Contra SIDA

Asociación de Mujeres, Flor de Piedra

Servicio Social Pasionista

Equipo Nahual

Diaspora Latinoamericano DIALA

Observatorio Latinoamericano de Prisiones

Coalición Centroamericana para la Prevención de la Violencia Juvenil-- CCPVJ

Equipo Nahual

CFC PASSOS

Movimiento de Jóvenes Encuentristas MOJE

Servicio Social Pasionista

Instituto Universitario de Opinión Pública IUDOP

Comunicado Abril 2008

COMUNICADO DE PRENSA No. 1 2008

LA RED PARA UN SISTEMA PENAL HUMANITARIO COMUNICA, A TODOS LAS ORGANIZACIONES DE DERECHOS HUMANOS, DE LAS Y LOS JUECES DE VIGILANCIA PENITENCIARIA, MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y SOCIEDAD EN GENERAL.

Ante la situación de los centros penales del país y los últimos sucesos de violencia, La Red para un Sistema Penal Humanitario comunica nuestra consternación e indignación por los hechos que han ocurrido durante estos primeros meses del año en los diferentes centros penitenciarios, resultando la muerte de 13 personas privadas de libertad en los penales de Ciudad Barrios, Cojutepeque y Chalatenango y la muerte de una persona por un vigilante en las afueras del penal de Gotera. Ante esta situación la Red expone:

I. Que las declaraciones contradictorias de los funcionarios públicos en relación a estos hechos significan nada más que una distracción de la realidad espeluznante de un sistema penitenciario que vive una crisis permanente y donde abundan los factores que inevitablemente terminan en la violencia.

II. Que las causas y condiciones que contribuyen a esta crisis permanente han sido sistemáticamente ignoradas por los funcionarios en favor de promover soluciones inadecuadas que no son evaluadas posteriormente. Ejemplo de eso fue el cambio de régimen de visita familiar que ha sido fuertemente cuestionado y que no ha mejorado las condiciones de seguridad como supuestamente fue su objetivo. Otro ejemplo son los varios planes de supuesto "ordenamientos" de los centros efectuados a través de traslados masivos que en más de una ocasión han contribuido a la muerte de personas privadas de libertad.

III. Que la criminalidad en el país adquiere ya dimensiones que se salen del control del aparato estatal, de los entes responsables de la política criminal y de los encargados de la seguridad ciudadana, generando en consecuencia una total impunidad, lo que se está dando un mensaje negativo a la población, con el agravante que el sistema de justicia en su conjunto se encuentra profundamente deteriorado y no funcional.

IV. Que en este contexto, los centros penales del país son entes de naturaleza exclusivamente represiva que niegan su fin constitucional de lograr la readaptación de las personas privadas de libertad contribuyendo a un perverso círculo vicioso de delincuencia e impunidad en las cárceles que profundiza aun más la inseguridad en toda la sociedad salvadoreña.

V. Que la historia ha demostrado que con los actuales funcionarios encargados de la investigación no se llega a fondo de los hechos ocurridos en centros penales y mucho menos deducir responsabilidades, por lo que creemos que estos últimos asesinatos ocurridos en los penales de Chalatenango, Cojutepeque y Ciudad Barrios correrán la misma suerte. Lamentamos la falta de transparencia y rendición de cuentas por parte del Órgano Ejecutivo en la investigación y deducción de responsabilidades por los asesinatos ocurridos en los diferentes centros penales ya que no es suficiente mandar unos cuantos internos trasladados para asegurar que no vuelve a repetirse estos hechos.

A las Iglesias y Comunidades de Fe, las Instituciones de Derechos Humanos, y al Movimiento Social hacemos el llamado que nos unamos para defender los derechos de las personas privadas de libertad y que juntos/as busquemos las soluciones estructurales a la violencia y los profundos problemas que enfrentamos como sociedad y como pueblo, sin olvidar a ninguna persona marginada y excluida.

Nos unimos al clamor popular y solidarizamos con los miles de familiares de personas privadas de libertad, que sufren la angustia e inseguridad de saber que sus seres queridos se encuentran dentro un sistema que no rehabilita y que es cruel y deshumanizante y quienes también sufren las indignidades y violaciones del mismo sistema.

Exhortamos a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, dentro de su mandato constitucional, a que realice de manera sistemática verificaciones de la situación en los centros penales de manera de mantener monitoreos y que se mantenga vigilante sobre las condiciones de las personas privadas de libertad.

Hacemos también un llamado enérgico a los privados de libertad involucrados en hechos de violencia para que cesen acciones de auto depuración, que únicamente contribuyen a agravar la crisis y aumentar el estigma social, dejando de lado acciones que contribuyen a mejorar las condiciones de reclusión carcelaria.

Finalmente, exigimos a los funcionarios del gobierno, servidores públicos, una explicación de los hechos y que rindan las debidas cuentas sobre lo siguiente:

1. Que expliquen al público cuánto se invierte en la alimentación, atención médica y el tratamiento para garantizar una rehabilitación para la población privada de libertad, del presupuesto asignado al Sistema Penitenciario.

2. Que se evalúen la capacidad e idoneidad técnica, profesional y jurídica del personal penitenciario, en particular la de los directores de penales que en su mayoría son de extracción militar; siendo una violación de la ley que rige las calificaciones del personal penitenciario.

3. Que se agilicen los procedimientos para otorgamiento de beneficios penitenciarios en manos de los consejos criminológicos, jueces y juezas de vigilancia penitenciaria a quienes demandamos su total apego al orden jurídico vigente; y que proporcione desde su personal y desde la sociedad civil los programas de atención necesaria para que haya una verdadera rehabilitación para cada una de las personas privadas de libertad. Solo así garantizaremos que se rompe el círculo de la reincidencia.

4. Que se revisen, detengan y reviertan las políticas legislativas de endurecimiento penal que contribuyen a la saturación e inviabilidad del sistema penitenciario y que favorecen la violencia interna.

5. Que todos y cada uno de los funcionarios respeten la Constitución de la República, los Tratados Internacionales pertinentes al sistema penitenciario, y la ley penitenciaria en su totalidad; para que como autoridades pueden ser dignos ejemplos para la población privada de libertad y para la sociedad en general.